Desde hace algunas semanas se ha colocado en la discusión pública el tema de la concentración económica y la reforma del sistema de AFPs. Señales al respecto sobran, pero baste indicar que el pasado miércoles 25 de octubre un evento organizado por la Fiscalia Nacional Económica se denominó “Concentración económica, Un desafío para la libre competencia”. Respecto de las AFP, se ha propuesto no solo modificaciones parciales sino su reforma integral, aseverando que al año 2030 el sistema supuestamente entrará en una crisis irreversible. No hay que ser muy suspicaz para entender que estas propuestas apuntan a la reformulación del modelo económico, tema que en forma casi imperceptible se ha ido estacionando en la discusión electoral. Pareciera que hoy “el modelo está bajo fuego”, según dicen algunos medios, entendido este planteamiento como la solución para hacer frente a las “escandalosas” desigualdades que afectarían a miles de compatriotas, según las calificó recientemente la Conferencia Episcopal. A primera vista, hay que precisar que este debate se ha generado en un clima electoral, por lo que a veces el fragor de la contienda impide acertar en la realidad de las cosas y en la raíz de los problemas. De ahí entonces la pregunta: ¿Está realmente en cuestión el modelo económico? Por una parte, si éste realmente estuviera cuestionado, la reciente reforma constitucional - ampliamente consensuada - habría abordado indefectiblemente las garantías de la libertad económica – establecidas básicamente en el Art. 19 N ° 21, del texto - introduciendo, en aras de su urgente reformulación, los cambios supuestamente necesarios y sustanciales para limitarla. Ciertamente, nada de ello ocurrió, atendido su manifiesto grado de consensualidad. Por otra parte, Chile ha sido reiteradamente distinguido como uno de los países con mínimo riesgo país, con mayores grados de competitividad en Comercio Internacional y con un adecuado manejo de sus estructuras macroeconómicas; abundante consenso también existe en torno a la famosa regla de superávit estructural impuesta por Hacienda reforzada por la autonomía constitucional del Banco central, que permite que las relaciones entre este Ministerio y el órgano emisor sean plenas….todo ello dentro del normal funcionamiento del modelo, y con la aceptación de todos los sectores políticos. Ciertamente el desafío está en los aspectos macroeconómicos y en la optimización de los mecanismos que disminuyan la angustiosa brecha social, pero claramente también subsiste la duda razonable acerca de si el precio de sacrificar o desestabilizar, al menos en teoría, el funcionamiento de un sistema exitoso, sea lo adecuado y no solamente un berrinche, por decir lo menos, desproporcionado y netamente electoralista, y por tanto, transitorio. Correcciones y adecuaciones si, como en toda obra humana que debe estar atenta a los cambios sociales; pero francamente la hipótesis del cuestionamiento integral y la sustitución del modelo atendiendo solamente grados de concentración – propios de las economías en desarrollo y globalizadas – parece ligero y desproporcionado. Como ha dicho la economista del Centro de Economía Aplicada de la Universidad de Chile, M. Soledad Arellano, “el primer paso en esta tarea es reconocer que los indicadores tradicionalmente usados para esto, en particular, el índice de concentración, no es un indicador adecuado. El foco debería apuntar al estudio de cómo son las condiciones para que nuevas firmas entren a la industria y cuanto tiempo duraran”. En discusiones tan cruciales para la marcha del país, pero a la vez tan permeables a la demagogia y al sentimentalismo, conviene ponerle paños fríos al ímpetu electoral y volver a momentos de reflexión y de seriedad, que unidas al dinamismo del mercado y el respeto al orden jurídico, constituyen la mejor plataforma de estabilidad para alcanzar el desarrollo y derrotar la pobreza.