En la edición de El Mercurio del Lunes 2 de enero de 2006, el columnista y distinguido profesor de la Universidad Diego Portales Javier Couso afirma que en el próximo gobierno “debiera avanzarse en reducir la elusión por parte de los miles de contribuyentes ABC1 que simulan sociedades con sus cónyuges para reducir sus aportes al fisco”. Frente a esta afirmación me parece conveniente precisar que cuando se quiere arribar a una conclusión seria en materia de políticas públicas hay que distinguir entre lo estrictamente analítico y lo meramente ideológico. Si en el ámbito de lo analítico se establece la existencia de las desigualdades sociales, que dicho sea de paso hoy nadie discute, me parece arriesgado imputar, a renglón seguido, a un sector tan indeterminado de la población - “miles de contribuyentes ABC1 que simulan sociedades con sus cónyuges” –una responsabilidad de tal envergadura. Al menos, metodológicamente dicha atribución resulta cuestionable a los ojos del lector menos ilustrado. En el fondo, lo que pretende afirmar el profesor Couso es que aparentemente ese grupo indefinido de personas – no sabemos si mil, dos mil, trescientos mil - que formarían parte de un segmento social cada vez mas indefinido – ¿qué es, a estas alturas, el ABC1? – estaría habituado o habría incorporado a sus códigos de conducta natural el incumplimiento tributario, con el consecuente perjuicio fiscal. Parece útil recordar que en cualquier país civilizado, con un régimen constitucional vigente, donde existe el imperio del Derecho, y además se custodian las garantías constitucionales económicas de cada ciudadano – sean estos empresa o no – existen mecanismos legales, no fraudulentos, de organización impositiva, que tiene por objeto optimizar la carga tributaria, sin que ello mueva a escándalo, lapidación o condena eterna. Solo basta revisar la proliferación y variedad de programas de especialización tributaria que se imparten hoy en día en numerosas universidades chilenas centrados mayoritariamente en el estudio y difusión de estos mecanismos. Hasta donde yo conozco, nadie ha iniciado una campaña pública en favor de la supresión de dichos programas académicos, por enseñar el empleo de los referidos sistemas, entre los cuales se cuenta la constitución de las mentadas sociedades. Más aun, se constata que son cada día más los chilenos interesados en conocer y aprender dichos procedimientos de reestructuración tributaria. Ese interés profesional, y también del ciudadano común, nace en nuestro país porque existe un Orden Público Económico al amparo de la Constitución de 1980 – que resguarda los derechos de las personas frente a las acciones arbitrarias del Estado y limita su rol empresarial - y no un Orden Estatal económico, como se entendía en la Constitución de 1925, en que efectivamente la persona humana se encontraba a merced de las actividades fiscales. Profesionalmente me ha correspondido conocer varios casos de cónyuges que no pertenecen a ese tétrica y monstruosamente individualizado segmento ABC1, y que han optado por formar las referidas sociedades. Por ello es que estimo que la afirmación del distinguido columnista manifiesta un reduccionismo inexplicable, al afirmar que en Chile la sola formación de sociedades entre cónyuges sea una de las causas primordiales de la desigualdad. Concluir el origen de algunos brotes de desigualdad a partir de la eventual pertenencia a un segmento, más que el epilogo de un proceso de reflexión académica, parece una nostálgica y sutil forma de reedición de los conflictos sociales de triste memoria durante las décadas 60 y 70 en nuestro país.