Muchas veces se vuelve al tema perenne del destino de los impuestos. Por estos días la explicación que se entrega es que los tributos – en especial el específico a los combustibles - está destinado a financiar el creciente gasto social y por tanto, eliminarlos o reducirlos, equivale en la práctica, según se dice, a restar ingresos al financiamiento social y por ende de los más desposeídos. Así las cosas, resultaría entonces casi imposible proponer la reducción o bien la eliminación de muchos tributos que, en cuanto su recaudación, destino y aplicación son claramente ineficientes y están lejos de generar el bienestar que muchos les atribuyen, porque, a como dé lugar, su modificación o supresión implicaría restar recursos al financiamiento del gasto social. Las regulaciones, y especialmente las tributarias, suponen siempre una afectación de los derechos de propiedad, con el objeto de otorgar bienestar a quienes por si mismo no pueden obtenerlo o bien, para financiar el aparato estatal. Aunque bien se sabe que la oscilación del precio de combustibles no se funde en forma restrictiva y exclusiva en el componente tributario – dado que los agentes relevantes actúan más como tomadores de precios que fijadores de tales, amen del ingrediente internacional - no cabe duda que una relajación de la estructura de precios sustentada precisamente en este factor permitiría, al menos, un margen de comportamiento y adaptación de los consumidores – abundantes ciertamente - que hoy no se vislumbra. De otra forma, se puede concluir que, al parecer como está ocurriendo, sencillamente el impuesto disminuyó la eficiencia del uso del recurso combustible y lo transformó en un elemento distorsionador del comportamiento del usuario. Por eso POSNER propone que “la eficiencia de asignación de la tributación se maximiza haciendo que la tasa impositiva varíe inversamente con la elasticidad de la demanda del bien o de la actividad del bien”. La posición negadora del cambio tributario en materia de combustibles no es coherente con una agenda de promoción y fortalecimiento de las Pymes y además desconoce que el efecto redistributivo de ciertos impuestos puede tornarse en un verdadero y pernicioso boomerang para las esperanzas de inciertos destinatarios de sus frutos. No vale la pena convertir la eliminación o readecuación de un impuesto en un tabú encapsulado en el manoseado argumento del gasto social. Es más rentable desde el punto de vista de las Políticas Publicas abrirse a la flexibilidad y convencerse que la sociedad no siempre percibe y aprovecha tangiblemente los esperados y a veces efímeros efectos tributarios y prefiere ostensiblemente no asumir en sus bolsillos el forzoso impacto de la redistribución.