Durante las últimas semanas, a raíz de los escándalos de corrupción que afectan al gobierno central, se ha reiterado por algunos analistas la idea que ciertos grupos han capturado a la Administración. Se han referido, al menos indirectamente, a la celebre Teoría de la captura, desarrollada por el Premio Nobel de Economía del año 1982, George Stigler y posteriormente replanteada por Gary Becker y Sam Peltzman. A grandes rasgos, señala Stigler, la intención de generar un mayor volumen de regulación puede verse distorsionada por un problema de asimetría de información entre reguladores y regulados, dado que quien conoce u opera la industria tiene un mayor grado de información que el productor de la norma; en consecuencia, la captura se produce cuando la información transmitida por la industria a los reguladores se interpreta y emplea en el sentido que mas convenga al regulado, quedando el regulador atrapado, convirtiéndose la obtención de una regulación en un instrumento apto para conseguir rentas por los grupos de interés. Así, en la jungla regulatoria es natural que las lianas normativas terminen atrapando y enredando a quien las sembró si es que no ha adoptado medidas para que el transito en el mercado o en el sistema político nos e haga cada vez más dificultoso. En este sentido, es claro que si se asemeja el sistema político a un mercado – ofertas y demandas, o bien inputs y outputs según la terminología de Easton – se generan asimetrías de información y por ciertas fallas inherentes a su funcionamiento. Estas fallas deben remediarse prudentemente y no a través de la intervención de burócratas que, más allá de recibir algunas lecciones sobre el análisis económico del sistema político, comienzan a actúan como “ rent seekers” – buscadores de rentas - operando a través de las grietas causadas por la propia regulación que contribuyeron a generar. Así, el problema es que entre el input y el output del sistema se estructuran barreras de operación constituidas por estos operadores, que a la brevedad encarecen el funcionamiento de la administración, arriesgan su transparencia y generan servicios que no obedece a la información que transmiten los demandantes – ciudadanos - sino que a sus propios intereses o necesidades privadas, actuando como verdaderos traders - muchas veces legos – de las tristemente célebres asignaciones directas.
Por ello es que en la nominación de los cargos de agencias reguladores o instituciones proveedoras de bienes públicos, debe cuidarse la idoneidad, puesto que como dice Frederic Boehm “ los beneficios privados “ para el corrupto no solo incluyen dinero, sino también otros bienes materiales e inmateriales como estatus o poder” . Y vaya como en las ultimas semanas se han conocido historias de algunos otrora anónimos ciudadanos, cazadores de status, que desde el trabajo electoral poblacional, acceden al manejo y
Administración de cuantiosos fondos. El trazado de soluciones prácticas puede ser complejo. Por de pronto, la reforma del Estado pasa necesariamente por la disminución de su tamaño, aun cuando ello suene redundante o más aun escandaloso a los oídos del mercado de operadores estatales, pero la necesidad de reducir el mercado de actuación de estos traders de influencias y bienes de asignación directa es imperiosa. Luego, la custodia irrebatible de la objetividad en los estándares de actuación pública requiere de una observancia urgente, para evitar la dramática opereta protagonizada por funcionarios estatales ignorantes en sus materias, y ejerciendo altas cuotas de discrecionalidad, como retribución a sus aparentes desvelos electorales. Enseguida, un cuestionamiento severo de la convicción ciudadana que las regulaciones siempre protegen al ciudadano, que esa protección es gratuita y que debemos gratitud al Estado por generarlas. Tal afirmación sólo permite a los traders de la corrupción culpar a esas mismas leyes o a su funcionamiento cada vez que se comete un ilícito, lo cual sencillamente es un sofisma. Finalmente, un sistema o estructura en que los componentes no se rijan por normas éticas objetivas termina destruyéndose. Cuando la ideología – o mejor dicho los sedimentos de que ella quedan – comienza a sustituir las convicciones, y cuando los partidos y movimientos proclaman la bandera de la supresión de la adhesión y vivencia moral, motejando de fundamentalistas a quienes las observan, el panorama se torna gris. Esa será la hora en que la captura que analizó Stigler se transforme en la prisión perpetua de la ética pública, aquella que, al menos permite conservar la ultima esperanza para el destino y credibilidad de las instituciones.